Como hemos visto, no está
demostrado que la política exterior de Estados Unidos se guíe siempre por los
ideales democráticos. Pero a veces sí lo hace, y ello constituye un argumento
muy persuasivo. ¿Acaso no debemos admirar y apoyar a un país que dice actuar
con la intención de derrocar a los tiranos, instaurar la democracia y defender
los derechos humanos?
Los ideólogos de la
Administración estadounidense han afirmado muchas veces que la vocación de su
país —equivalente al «pueblo elegido» de la Biblia— era instaurar el Bien en el
mundo. George Kennan, que ideó la política de «contención» en relación con la
URSS, hablaba de las «responsabilidades de dirección moral y política que la
historia ha querido confiar a Estados Unidos». En este caso la historia adopta
el papel de Dios y se torna capaz de concebir proyectos e intenciones. Y su
voluntad se manifiesta otorgando a Estados Unidos un poder superior al de los
demás países: en este caso, la fuerza se transmuta paulatinamente en derecho.
En el documento oficial difundido
por la Casa Blanca el 20 de septiembre de 2002, conocido como «The National
Security Strategy», el presidente Bush hacía explícito el carácter presente de
esta «elección»: «Hoy en día la humanidad tiene la oportunidad de conseguir el
triunfo de la libertad sobre sus enemigos, y Estados Unidos está orgulloso de
la responsabilidad que le compete como conductor de esta importante misión».
Pero Bush llega a una conclusión nueva: hay que pasar de la defensa al ataque.
Y prosigue diciendo: «Estamos dispuestos a extender la dignidad humana, la
libertad de culto y la libertad de conciencia». La consecución de tan elevado
objetivo justifica el recurso a cualquier medio, en especial a la guerra.
¿En qué familia teórica se
inscribe este proyecto político? Se ha dicho muchas veces que el programa de G.
W. Bush, o en todo caso esta parte del programa, fue obra de un grupo de
neoconservadores. Pero el término «conservador» no es del todo adecuado en este
caso, como apuntaba por otra parte uno de ellos: «Los neoconservadores no
pretenden defender el orden de cosas vigente, fundado en la jerarquía y la
tradición y en una visión pesimista de la naturaleza humana» (declaraciones de
Francis Fukuyama al Wall Street Journal del 24 de diciembre de 2002). Estos
ideólogos creen en la posibilidad de mejorar radicalmente tanto el hombre como
la sociedad y se implican activamente en el proyecto. Pero en este caso no se
les puede atribuir el término de conservadores, ni con el prefijo neo ni con el
prefijo paleo. Sería más adecuado designarlos con el término de
neofundamentalistas: son fundamentalistas porque reivindican un bien absoluto
que quieren imponernos a todos, y son neo porque este bien ya no se define en
relación con Dios, sino con los valores de la democracia liberal.
Ninguno de estos dos ingredientes
es realmente nuevo, pero la combinación, de ambos, sin embargo, resulta
inédita. Los fundamentalistas creen en los valores absolutos y por lo tanto
rechazan el relativismo vigente, las críticas a la democracia de los multiculturalistas
o la jerga de la «corrección política». Sin embargo, como no son conservadores,
quieren implantar su ideal en todo el mundo recurriendo a la fuerza. Según este
punto de vista, recuerdan más bien el espíritu de la «revolución permanente». Los
orígenes de esta vertiente de su pensamiento deben buscarse en la izquierda
revolucionaria antiestalinista; podríamos decir, por tanto, que Daniel
Cohn-Bendit se equivoca y acierta a la vez cuando califica a este grupo de
ideólogos de «bolcheviques». A pesar de ser críticos con el ideal bolchevique o
estalinista, conservan la estructura de pensamiento de los activistas: hay que
reformar el mundo, resolviendo sus problemas de una vez por todas, con las
armas si es necesario; la libertad debe triunfar. No es casual que entre ellos,
tanto en Estados Unidos como en Francia, veamos numerosos ex trotskistas o ex
maoístas: en ambos casos se manifiesta un mismo espíritu intervencionista que
no se resigna a las imperfecciones del mundo, una misma atracción por la violencia
y una ideología inter nacionalista.
La exportación de la revolución
comunista en el siglo XX, apoyada por el Ejército Rojo cuando fue necesario,
constituye la manifestación previa de este esquema de pensamiento, si bien es
cierto que el ideal preconizado en esa época era otro. Pero la expansión de la
revolución comunista no fue el primer ejemplo de esta mentalidad. En el siglo
XIX, las potencias europeas, como Francia y Gran Bretaña, emprendieron guerras
coloniales justificándolas con el objetivo de difundir el Bien por todo el
mundo. En ese momento el Bien equivalía a lo que hemos dado en llamar
«civilización», en nombre de la cual, precisamente, fundaron las potencias
coloniales su dominio sobre los países africanos y asiáticos. Antes de eso, los
batallones de Napoleón exportaron las ideas de la Revolución Francesa
—libertad, igualdad y fraternidad— con la fuerza de las bayonetas. En todos
estos casos, los ideales y el poder se reforzaron mutuamente.
En la tradición inmediatamente
anterior, la conjunción de ideales y poder se hallaba en la base del orden
teológico-político. Ambos elementos estaban indisolublemente ligados: la
realeza encontraba su legitimidad en el derecho divino, y la ley religiosa era
la base de la ley humana. En la tradición cristiana, surgieron algunas herejías
mesiánicas y milenaristas que anunciaban el inminente advenimiento del paraíso
sobre la Tierra y declaraban que cualquier medio era bueno para acelerar el
proceso. Las utopías comunistas son herederas de los movimientos milenaristas,
aunque el objetivo final sea distinto. Y puede decirse lo mismo de las
tendencias milenaristas actuales, que no pretenden imponer una vida conforme al
modelo de Jesucristo, sino un conjunto de valores encarnado por Estados Unidos,
es decir, una variante de la democracia liberal.
Así pues, la idea que anima este
aspecto de la política exterior estadounidense no es conservadora, pero tampoco
es liberal (ya que preconiza la unidad en lugar de aceptar la existencia de la
diversidad). ¿Puede decirse que es una idea democrática? Algunas democracias
del pasado recurrieron al ideal, en la época en que países como Gran Bretaña y
Francia pusieron en práctica esta ideología en las campañas coloniales. Así
pues, la democracia es perfectamente compatible con la existencia de esta idea,
pero ¿podemos decir que la combinación de ambas es armoniosa? Lo cierto es que
para que se afirmara el ideal democrático hubo que esperar a que se desmoronase
la unidad entre teología y política. Esta ruptura, reivindicada por los
filósofos del Renacimiento y la Antigüedad, se tradujo en la práctica en la
creación de las primeras democracias, la estadounidense y la francesa, antes de
dar paso a la separación definitiva entre Iglesia y Estado. ¿Qué sentido tiene
este proceso? Un individuo puede creer que lleva una vida mucho más respetable
que la de su vecino, pero, si vive en una democracia, no tiene derecho a
imponer por la fuerza su modo de vida a los demás. El Estado garantiza la paz
entre los ciudadanos, fijando un límite mínimo que no puede transgredirse (un límite
que define el delito o el crimen), pero no formula ningún ideal que todo el
mundo esté obligado a abrazar. En este sentido, la democracia no es un Estado
«virtuoso».
Esta separación se da también en
las relaciones internacionales, aunque se manifiesta bajo una forma distinta.
Un pueblo determinado puede creer que su Dios es superior al del vecino y
pensar por tanto que es él y no el otro quien está en posesión del Bien
supremo; sin embargo, renunciará a declarar la guerra al otro pueblo para
imponerle su idea del Bien. La democracia significa que cada población es
soberana, y que por consiguiente tiene derecho a definir por sí misma su idea
del Bien, sin que le sea impuesta desde el exterior. Así pues, cuando las
potencias occidentales emprenden una guerra colonial en nombre de la democracia
de la que se consideran representantes, los medios utilizados anulan el
objetivo pretendido. ¿Cómo se puede «defender la dignidad humana» de los demás
sin dejarles decidir su destino? Si imponemos la libertad a otro pueblo, lo
estamos sometiendo, y si le imponemos la igualdad, lo estamos considerando
inferior.
Por su parte, el ideal de la
democracia liberal no se confunde con el del conservadurismo. Es cierto que, al
no tomar como objetivo la consecución del paraíso aquí y ahora o el triunfo
definitivo de la libertad sobre sus enemigos, la democracia liberal renuncia a
sacrificar el presente por el futuro y a defender ideas abstractas en
detrimento de los individuos o a justificar las muertes individuales con los
nobles objetivos a los que pretende servir (recordemos de nuevo las «bombas
humanitarias» y los «daños colaterales»). Pero el ideal de la democracia
liberal tampoco supone aceptar resignadamente el mundo tal como es, ni
limitarse a contemplarlo desde la serenidad. La democracia liberal se opone a
la tiranía, aunque intenta combatirla por medios distintos a los de los
neofundamentalistas: denunciándola públicamente, negándose a reconocer la
legitimidad de sus gobiernos, marginando a sus países del concierto de las
naciones, o recurriendo a cualquier otra iniciativa diplomática, política o
económica.
Esta opción —la negociación en
detrimento de la intervención, la contención en lugar de la ocupación del
territorio enemigo— no está exenta de inconvenientes: los resultados se
obtienen con más lentitud, y los impulsores del proyecto no adquieren una aureola
heroica. Sin embargo, desde la perspectiva democrática, cuando es posible
conseguir un mismo objetivo por dos vías distintas —de forma rápida por medio
de la violencia o de forma lenta sin recurrir a la violencia—, es preferible
optar por la lentitud. Es mejor desarmar a Irak en cuatro meses sin matar a
nadie que desarmarlo en cuatro semanas matando a miles de personas.
Así es como actuaban los países
occidentales en las décadas pasadas en relación con los regímenes que merecían
su condena, como el de Sudáfrica o el de la Unión Soviética. ¿Cómo contribuyó
el Gobierno estadounidense a la caída de esta última? Reagan no modificó la
política de contención frente al «Imperio del mal» sino que se limitó a iniciar
una carrera armamentística que terminó por poner de manifiesto la debilidad
estructural del Estado comunista. De este modo, salió victorioso sin disparar
un solo tiro.
El proyecto consistente en
declarar la guerra a todos los tiranos y a todas las injusticias es
cuestionable, y no solo porque sea imposible de llevar a cabo (se trata de una
tarea sobrehumana) o porque en caso de ponerse en práctica comportaría un
estado de guerra permanente y contribuiría por tanto al fortalecimiento de
todos los ejércitos y todas las policías del mundo (un singular efecto del
combate por la libertad). El gran escritor ruso Vassili Grossman, un excelente
analista del totalitarismo del siglo XX, constató: «Donde se levanta el alba
del Bien, mueren niños y ancianos y corre la sangre» (Vida y destino). ¿Por qué
tendríamos que renunciar a imponer el Bien por la fuerza? Debemos renunciar a
este proyecto porque corremos el peligro de que se deriven más sufrimientos que
alegrías: la nobleza del fin no justifica la vileza de los medios. Las víctimas
de la tentación del bien son infinitamente más numerosas que las de la
tentación del mal. Por ello Grossman recomendaba cultivar la bondad en lugar del
Bien, preocuparse por los individuos y no por las abstracciones. Desde este
punto de vista, «democracia», «libertad» y «prosperidad» no son mejores que
«revolución», «comunismo» o «sociedad sin clases». Unos ideales admirables no
bastan para garantizar la felicidad de la humanidad: mientras nos dedicamos a
defenderlos, «mueren niños y ancianos y corre la sangre».
La política exterior y la
política interior de una democracia liberal no adoptan la misma forma. En el
interior del país, el Estado puede recurrir a la coacción (a la policía) para
mantener su poder o para imponer la justicia. Entre países, si bien no renuncia
al uso de la fuerza, la usa para garantizar su intangibilidad o para proteger a
sus ciudadanos o sus posesiones, en lugar de para imponer un orden ideal en
todo el mundo. Aquí radica precisamente la diferencia entre una democracia y un
Estado totalitario (o cualquier otra muestra de la combinación entre teología y
política): las democracias recurren a las fuerzas armadas en legítima defensa,
y los Estados totalitarios las utilizan para cambiar al resto del mundo. Luchar
por la perfección del prójimo y no por la propia no es propio de la moral
democrática. Por este motivo, no tiene sentido comparar las guerras actuales
con la emprendida contra la Alemania nazi o Japón, ya que estos dos países
habían atacado a otros, que estaban en su derecho de defenderse con las armas.
Hay que reconocer el mérito de Estados Unidos por haber contribuido a instaurar
la democracia en estos países, pero no fue por eso por lo que se declaró la
guerra.
Por este motivo, un concepto
recientemente popularizado como el de «derecho de injerencia» también puede
considerarse incompatible con el espíritu democrático. Desde este punto de
vista, la Guerra de Irak se inscribe en la misma línea que la intervención en
Kosovo, momento en que se incorporó esta expresión a la retórica militar. La
única diferencia entre ambos casos es que en Yugoslavia, en 1999, los que
intervinieron se contentaron con sustraer una región al control del Gobierno
central sin exigir su derrocamiento, mientras que en Irak, en 2003, se exigía
la expulsión del Gobierno en vigor. El «derecho de injerencia» pretende
identificarse con la democracia, pero al hacerlo comete un deslizamiento de
sentido inadmisible. Al principio, se pensaba en una «injerencia» de tipo
humanitario. Tomar la iniciativa para ayudar a los heridos y las víctimas del
sufrimiento en un país extranjero no supone ninguna amenaza para la soberanía
nacional. En un segundo momento, se hablaba de la necesidad de proteger militarmente
a los colaboradores humanitarios. Y finalmente, en un tercer paso, contrario al
espíritu del proyecto inicial, se justificaba el ataque militar aludiendo a una
situación deplorable desde el punto de vista humanitario y se actuaba como si
el principal efecto de la guerra fuera la instauración del respeto a los
derechos humanos. Fue así como se llegó a una obra maestra de la neolengua: la
«guerra humanitaria».
¿Podemos decir que, por poco que
nos situemos en la óptica democrática, la intervención militar solo queda
justificada en caso de legítima defensa? No, puesto que también se justifica en
un caso extremo como el del genocidio, sin que haga falta recurrir a un
imaginario derecho de injerencia que uno mismo se ha atribuido por el bien de
la humanidad. En este caso, de la cantidad pasamos a la calidad. Cuando se
extermina a un grupo constitutivo de la humanidad, nos vemos afectados todos,
aunque no formemos parte de ese grupo. Sin embargo, no toda infracción de los
derechos humanos es un genocidio, afortunadamente, ni todo tirano es un Hitler.
Será mejor que dejemos descansar al fantasma del dictador nazi, sin abusar de
comparaciones que confunden en lugar de iluminar. En el ámbito político no rige
la ley del tercio excluso, y sigue siendo posible adoptar una acción no bélica:
las democracias no están obligadas a elegir entre Munich (capitulación cobarde)
y Dresde (bombardeos mortíferos).